Durante la presentación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo que “nada va a impedir que la sociedad tenga públicamente acceso a los nombres de quienes no son responsables de sus actos”. Con esta medida, la administración capitalina busca visibilizar y sancionar socialmente a quienes adeudan el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus hijas e hijos.
La lista —que se encuentra disponible para consulta pública— forma parte de una serie de políticas impulsadas para proteger los derechos de la niñez y garantizar que madres, padres o tutores responsables puedan acceder a la justicia sin obstáculos burocráticos ni dilaciones.
Aunque la iniciativa ha sido celebrada por organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la infancia, también ha generado debate en torno a la privacidad, el debido proceso y la posibilidad de estigmatización. Diversos sectores han pedido que se acompañe con mecanismos claros para actualizar y depurar la base de datos, así como con programas para facilitar el cumplimiento voluntario de los pagos.
