Jet Set: La tragedia anunciada y la negligencia que la Fiscalía atribuye a los hermanos Espaillat en la solicitud de medida de coerción


Santo Domingo.- Un techo que colapsa. Una noche de música que se transforma en tragedia. Más de 230 muertos. Cientos de heridos. Un país conmocionado. Y ahora, un expediente demoledor: la Fiscalía del Distrito Nacional acusa a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat de negligencia criminal por la catástrofe del Jet Set Club, ocurrida el pasado 8 de abril. Noticias SIN ha accedido al documento completo de la acusación. Lo que revela es escalofriante.

Del cine al club nocturno: una estructura forzada a transformarse

El Jet Set operaba desde 1994 en un local originalmente diseñado como cine.
Los cambios estructurales para convertirlo en discoteca fueron, según la Fiscalía, incompletos, irregulares y no documentados.

Durante años se realizaron remodelaciones, adiciones y anexos sin estudios técnicos, planos ni permisos municipales.

La sobrecarga letal: 37.5 cm de mortero, tinacos, chillers y casetas.

El reporte sometido por la comisión de expertos es demoledor.

Entre 2010 y 2025, se añadieron cuatro capas de mortero, cuatro tinacos, seis aires acondicionados, siete casetas de aluzinc, y otros componentes que triplicaron las cargas previstas para el techo, según los peritos nacionales y extranjeros.

La estructura, diseñada con vigas simplemente apoyadas, colapsó progresivamente al romperse una de ellas, arrastrando las adyacentes.

Peritaje sin dudas: fue negligencia humana, no un fenómeno natural

Los expertos Leonardo Reyes, Máximo Corominas y el ingeniero estadounidense Eduardo A. Fierro, concluyeron que el colapso fue inducido exclusivamente por sobrecarga. Descartaron lluvias, sismos, explosiones o vientos anormales.

Desde marzo, empleados como Manuel Jiménez y Gregorio Adames (Gregory) enviaban mensajes alertando sobre filtraciones, caída de plafones y fragmentos de techo.

Maribel Espaillat llegó a enviar fotos y expresar su temor de que alguien saliera herido.
Sin embargo, las medidas correctivas fueron colocar lonas, más cemento y ocultar el daño, nunca buscar ayuda profesional.

Incluso, el 5 de abril, tres días antes del desastre, una joven captó en video cómo caían escombros del techo durante un evento.

El personal solo limpió el área afectada y la fiesta continuó.

Silencio forzado: presión a testigos tras la tragedia

El 14 de abril, según consta en el expediente, Maribel Espaillat visitó a Gregory Adames en su casa. Le preguntó si había hablado con alguien sobre los problemas estructurales. Cuando él dijo que no, ella le advirtió que “eso podía costarle 20 años a Antonio”. La Fiscalía interpreta esto como **un intento de obstrucción de la justicia.

Obras sin ley: ninguna autorización, ningún control

La remodelación de 2010, las ampliaciones de 2015 y las intervenciones posteriores se realizaron sin permiso de la Alcaldía del Distrito Nacional ni del Ministerio de Obras Públicas.
No existen planos, estudios de impacto ni registros en Planeamiento Urbano.

Un patrón de descuido

El Jet Set ya había sido objeto de múltiples denuncias por contaminación sónica.
Antonio y Maribel Espaillat habían sido imputados antes por ese motivo.
La Fiscalía sostiene que este patrón de violaciones a la ley demuestra su irresponsabilidad sistemática como administradores del local.

El costo humano: víctimas y pruebas forenses

El documento incluye 232 informes de autopsia.
Personas jóvenes, adultos mayores, técnicos de sonido, bartenders, músicos y asistentes murieron aplastados por la estructura de concreto.
La causa médica común: trauma craneoencefálico y politraumatismos por aplastamiento.

Conclusión de la Fiscalía: homicidio involuntario por negligencia extrema

El colapso del Jet Set Club no fue una casualidad ni una catástrofe natural.

«Fue el resultado de una serie de decisiones irresponsables y omisiones criminales de los señores Antonio y Maribel Espaillat”, dice textualmente la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

La Fiscalía solicita prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial, alegando peligro de fuga y riesgo de obstrucción a la investigación.





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