La propuesta, que surge a raíz de la crisis política vivida en La Vega en agosto de 2024 —cuando el entonces alcalde Kelvin Cruz y su vicealcaldesa Amparo Custodio renunciaron con pocos días de diferencia— busca evitar que episodios similares queden atrapados en el limbo institucional. A través de una reforma a la Ley 176-07, los diputados acordaron que, en caso de renuncia simultánea de un alcalde y su segundo al mando, el partido al que ambos pertenezcan podrá presentar un nuevo candidato ante el concejo municipal.
Además de redefinir el mecanismo de sustitución, la pieza legislativa aumenta del 25 % al 30 % el límite del presupuesto municipal que puede ser destinado al pago de salarios, abarcando tanto a empleados administrativos como a los funcionarios electos. Este ajuste, según los legisladores, responde a la necesidad de fortalecer la operatividad de los gobiernos locales y reconocer la carga administrativa que enfrentan.
La ley aprobada es el resultado de la unificación de tres iniciativas distintas que buscaban reformar varios artículos de la normativa municipal. Con esta movida, el Congreso también busca reducir la intervención del Poder Ejecutivo en decisiones que competen directamente a los ayuntamientos, reforzando así la autonomía local.
