“La intimidación del testigo es un hecho, eso también está corroborado en el proceso”, declaró Camacho, subrayando que este elemento representa un peligro procesal por parte de los imputados.
El desplome del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 7 de abril, dejó 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y a 130 niños huérfanos. “Niños que posiblemente antes del 8 de abril tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto porque dos personas prefirieron poner sobre la vida y la seguridad de sus clientes sus intereses personales”, expresó con contundencia.
El magistrado también aclaró que las querellas presentadas por las víctimas ante el Ministerio Público tienen la misma calificación jurídica que la planteada en la acusación formal del caso.
La audiencia de medida de coerción fue aplazada para este miércoles, mientras crece la expectativa pública ante uno de los casos más sensibles y trágicos de los últimos años en el país.
