“Ya el informe fue entregado. Ahora lo que esperamos es que se le dé curso al proceso. Se han realizado entrevistas a las víctimas, pero ahora corresponde interrogar a Antonio Espaillat. Si yo fuera el fiscal, lo haría de inmediato. No sabemos si al ser interrogado admitirá los hechos o buscará un acuerdo, lo que podría representar un ahorro importante en un caso que involucra a más de 400 víctimas”, expresó Arias.
El abogado destacó que las víctimas se sienten desesperadas por la lentitud del proceso. “Este caso tiene más de dos meses en curso y es hora de que se presenten los actos procesales ante los jueces competentes. La gente necesita ver que hay justicia”, añadió.
Cuestionado sobre posibles vínculos políticos en el proceso, Arias señaló que los abogados de Antonio Espaillat están relacionados con figuras del Poder Ejecutivo. “Son los mismos que representan a la senadora Faride Raful. Eso obliga a actuar con transparencia, porque si el Ejecutivo dice que cree en la independencia del Poder Judicial, entonces hay que demostrarlo con hechos”, dijo.
El abogado también se refirió a la comisión creada para la investigación y expresó que, aunque no fue designada directamente por el Presidente de la República, espera que el Ministerio Público valide su informe y lo utilice como base para avanzar en el caso.
“La igualdad ante la ley es lo que legitima al sistema de justicia. Si esto no avanza, las víctimas seguirán perdiendo la fe”, sostuvo.
En cuanto a la cantidad de afectados, Arias afirmó: “En este país hemos conocido procesos con más de 500 víctimas y se han manejado sin contratiempos. Aquí no hay excusas para la inacción”.
