En una carta dirigida al Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con copia a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general del cuerpo del orden, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, el comerciante José M. Aguasvivas expuso una lista de incidentes que van desde arrestos arbitrarios, allanamientos sin orden judicial, hasta el uso excesivo de la fuerza y amenazas de muerte.
El documento responsabiliza directamente al Teniente Coronel Gerónimo y al Primer Teniente Cabrera, encargados del destacamento de Villa Faro, por “cualquier incidente que pueda ocurrir” al personal del negocio o a los vecinos del sector. Aguasvivas relató que incluso tras el cierre del establecimiento, patrullas permanecen en la zona impidiendo el libre tránsito del personal.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 1 de junio, cuando agentes presuntamente lanzaron gases lacrimógenos y dispararon al aire, a pesar de que el local ya se encontraba cerrado. Horas más tarde, según el testimonio, regresaron acompañados del equipo del COBA y profirieron amenazas directas contra los residentes, expresando frases como: “Le voy a explotar el corazón”.
Aguasvivas sugiere que estas acciones responden a su negativa de pagar sobornos para operar con normalidad. “Siempre hemos rechazado por principios cualquier insinuación sobre pagos de ‘peajes’”, escribió en la misiva.
El comerciante advirtió que la situación genera un clima de tensión que podría desembocar en tragedia, y solicitó una investigación urgente. También recordó que cada cierre arbitrario afecta directamente a ocho familias que dependen del sustento generado por el negocio.
